Eli Yishai, presidente del partido ultra-ortodoxo sefardí Shas, uno de los más relevantes socios del ejecutivo de coalición, rebajó las conjeturas sobre una posible crisis de gobierno al aclarar que la decisión judicial no supondrá el fin automático de su colaboración con Netanyahu.
Sin embargo, también dejó claro que el primer ministro deberá encontrar otro mecanismo que garantice que los "haredim" (en hebreo, temerosos de Dios) puedan seguir dedicando su vida íntegramente al estudio de la Torá (la ley judía) en los seminarios religiosos.
Yishai, que se reunió con el primer ministro inmediatamente después del fallo judicial para tratar la cuestión, señaló que "ahora que los jueces del Supremo han decidido que la Ley no es satisfactoria, construiremos una nueva ley junto con el Ministerio de Defensa y el de Justicia", informó la emisora de radio Kol Israel.
El líder del Shas destacó que "la contribución de los estudiantes rabínicos al pueblo judío y al Estado de Israel es obvia para cualquier creyente judío".
La Corte derogó la conocida como Ley Tal, que exime a los jóvenes ultra-ortodoxos dedicados al estudio de los entre dos y tres años obligatorios de servicio militar a que están obligados el resto de los jóvenes, salvo la minoría árabe, que supone un quinto de la población.
La corte consideró que la ley, aprobada en 2002 con el objetivo de integrar voluntaria y gradualmente en el Ejército a los llamados "estudiantes eternos", era inconstitucional y discriminatoria.
La norma "viola el principio de igualdad como parte del derecho a la dignidad" además de "no respetar los criterios de proporcionalidad", argumentó la presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinisch.
Beinisch acusó al Estado de no haber logrado en nueve años implementar la ley en su conjunto y fomentar la participación de los ultra-ortodoxos más religiosos en el Ejército o en un servicio civil sustitutorio.
En este periodo, de 61.877 personas, solo 898 se han alistado y otros 1.122 han aceptado hacer un corto servicio social.
La Ley Tal, que expiraba en agosto y que el Gobierno se planteaba renovar, permite a estos estudiantes elegir entre continuar con sus estudios o alistarse para un servicio reducido tras cumplir los 22 años.
También les garantizaba que, una vez casados, pudiesen trabajar sin riesgo de ser reclutados.
Netanyahu ha confirmado que el gobierno trabajará en la aprobación de una nueva ley, que tendrá como objetivo que "todos los segmentos de la sociedad compartan la carga" del servicio militar.
Avigdor Liberman, ministro de Exteriores y líder del partido Israel Beitenu, se felicitó hoy por la decisión judicial y advirtió de que los esfuerzos para prolongar la Ley Tal o buscarle un sustitutivo son "una pérdida de tiempo".
"No hay contradicción entre la Torá y el esfuerzo nacional", declaró Lieberman, que agregó que no ve "ningún motivo por el que un hombre (ultra-ortodoxo) no pueda sentarse frente a un ordenador en el Ejército y hacer su contribución" al país.
Liberman, que abogaba por la derogación de la ley, recordó que "incluso los más grandes rabinos y sabios han trabajado siempre".
Israel Beitenu redactará su propia propuesta de ley, destinada a garantizar que todos los israelíes cumplan con la obligación de servir en el Ejército pero que contemplará algunas limitadas excepciones.
La exención del servicio militar de estos jóvenes es uno de los asuntos más espinosos en la sociedad debido a que la mayoría de ellos, al estudiar, tampoco paga impuestos y por tanto su contribución al estado es casi nula.
A la vez, reciben generosas ayudas de las arcas públicas por estudiar, hijos y otras prestaciones sociales, lo que indigna aún más a los laicos.
El principal partido de la oposición, el Kadima, también ha mostrado su satisfacción y ha anunciado que presentará su propia iniciativa.
Alguno estudiantes rabínicos advirtieron de que, más allá de que haya o no una nueva ley, ellos se negarán a dejar de lado sus estudios religiosos para servir en el Ejército.
El fallo de la Corte Suprema también ha reavivado el tradicional enfrentamiento con los ultraortodoxos, que consideran que los jueces intervienen demasiado en la agenda política nacional mediante la derogación de leyes, generalmente hechas a la medida de esta comunidad.
