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Como era previsible, el Jury de Enjuiciamiento para Magistrados que debió juzgar el rol del Juez (ahora ex -juez) Juan José Galeano en la causa AMIA, decidió destituirlo de su cargo. Si bien fue encontrado culpable en sólo 3 de las 15 acusaciones presentadas en su contra, el resultado fue la remoción del cargo por mal desempeño de sus funciones. Vale la pena recordar cuáles son los 3 cargos que dieron lugar a la decisión del Jury: 1) el pago de 400.000 dólares a Telleldín para lograr su confesión, 2)la filmación de las entrevistas entre el juez y dicho imputado durante la negociación y el pago del susodicho monto de dinero y 3) la autorización a una parte de la querella, la correspondiente a la DAIA, para entrevistar y grabar ocultamente a uno de los testigos, el integrante de la policía bonaerense, Huici.
En los dos primeros cargos hubo unanimidad en la votación del Jury (considerándolo culpable), en el tercero, en cambio, la votación estuvo dividida (6-3).
También vale la pena repasar algunas de las acusaciones que pendían sobre el ex Juez Galeano y que no prosperaron, vale decir que, en las mismas, Galeano fue absuelto. A saber, y entre otras tantas: escuchas telefónicas hechas sin fundamento aparente, manipulación de pruebas, coerciones a testigos e imputados, etc. Las 15 acusaciones contra Galeano(algunos dicen que fueron 22), surgieron del Tribunal Oral número 3, que recientemente falló en la causa AMIA, dejando en libertad a todos los imputados (presuntos integrantes de la conexión local).
Una lectura más fina de los tres elementos (o dos y medio) que dieron pie al Jury de Enjuiciamiento para que destituyera a Galeano, revelaría que, en realidad, los causales de la decisión tienen que ver, de manera casi exclusiva (me atrevería a decir), con cuestiones de orden “técnico-jurídico” que el juez habría incumplido y que resultarían inaceptables para alguien de su investidura. Para ponerlo en un ejemplo grosero, sería como si un médico cirujano operara con una hoja de afeitar en lugar de hacerlo con un bisturí. Dicho así, crudamente, resulta absolutamente contraproducente, y sería motivo como para quitarle la matrícula a ese médico. Pero ¿qué pasaría, siguiendo la comparación, si se hubiera tratado de una urgencia quirúrgica, en un sitio y en un momento imprevisto, en los cuales el único cirujano disponible allí no hubiera tenido acceso (ni tiempo para obtenerlos) a una ambulancia, ni a una camilla, ni a un recinto aséptico, ni siquiera a un bisturí?
Volviendo a Galeano, parece ser que, o bien por inexperiencia, o bien por apuro, vició una de las pruebas clave de la investigación: la confesión de Telleldín. Desde ya que puede haber atenuantes: ¿qué juez tenía en el pais experiencia en investigar atentados terroristas, además de que Galeano hacía poco más de un año que estaba en el cargo? Pero lo cierto es que, para la justicia, una prueba obtenida en forma irregular (por ejemplo, un documento probatorio de un delito que fue obtenido a través de revisar una propiedad sin orden de allanamiento), anula lo que intenta probar.
Esa es, palabras más, palabras menos, la causa condenatoria de Galeano, según el Jurado que lo juzgó. Todos los demás cargos que se le imputaron, al menos para el Jury, y al menos hasta el presente, corren por cuenta y cargo de la imaginación de los acusadores. Queda picando, entonces, la acusación más fuerte que muchos, todavía, le siguen formulando a Galeano. Y es la de que, presuntamente, habría llevado a cabo ese acto ilegítimo de pagarle a Telleldín los 400.000 dólares, con el fin de obtener de él una versión “inventada” de los hechos, con culpables “inventados”. Y todo eso, presuntamente también, para “encubrir” a los “verdaderos culpables”.
Analicemos este argumento. (Pero primero, pongámonos de acuerdo: culpar (y destituir) a Galeano por haber empleado herramientas impropias, no es lo mismo que culparlo de haber inventado una versión falsa y acomodaticia sobre los hechos del atentado.)
La pregunta es: ¿Galeano le dio el dinero a Telleldín para obtener su confesión, o para que cuente una historia falsa?
Una vez más es necesario traer al presente un hecho que, no se sabe bien por qué, cae una y otra vez en el olvido, por más que esté absolutamente comprobado y documentado, y ni siquiera los propios actores lo nieguen:
Los periodistas de Página 12, Raúl Kollman y Román Lejtman, visitaban ya en los años 94/95 a Telleldín en la cárcel con el fin de escribir un libro sobre la verdadera historia de lo que había pasado con la Traffic. Como producto de esa relación, Telleldín redactó un manuscrito que obraba en poder de Lejtman (hasta que se le exigió su presentación ante el Tribunal que juzgó la causa AMIA), en el cual consta, al parecer, la misma versión de los hechos que luego le relató al entonces Juez Galeano (dinero mediante), y que inculpaba a los miembros de la policía bonaerense de haber participado en la negociación de la Traffic.
Según lo relatado por Galeano en un reciente reportaje publicado en la Revista Noticias, él desconocía todos esos datos en aquel tiempo. Lo cierto es que Telleldín exigía ese monto de dinero para hacer el libro, y como no lo obtuvo, le pidió lo mismo al Juez para confesar.
En síntesis: si Telleldín mintió, mintió dos veces, a los periodistas y al juez. Y si dijo la verdad, también. Pero si las “confesiones” son coincidentes, ciertas o falsas, ¿cómo pudo el juez haber inventado la segunda?
¿Queda algo en pie de la causa AMIA?
La otra pregunta que queda por responder, entonces, es si la destitución del juez es o no equivalente a la supresión de todo lo investigado por él. Hay quienes pretenden demostrar que sí, y hay quienes creen que No. Que aún cuando haya sido destituido, siguen en pie una gran cantidad de pistas halladas en el curso de la investigación, así como muchas de las conclusiones a las que se habían arribado. Muchas, o todas. Y que están ahí, esperando que alguien las vuelva a activar, además de hacer avanzar otros caminos de la investigación.
En un reciente artículo publicado por el diario La Nación, escrito por Miguel Angel Toma, el mismo se refiere a la existencia de un Informe secreto, producido por la Secretaría de Inteligencia del Estado bajo el título de Informe AMIA, y presentado a principios del año 2003, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, al concluir Miguel Angel Toma su mandato como Secretario de Inteligencia. Según Toma, en dicho Informe se establecen con claridad, 1) quienes fueron los instigadores 2)cuáles fueron las circunstancias 3) cuál fue la metodología empleada 4) quienes fueron los autores, incluyendo la identidad del inmolado en el atentado y 5) quienes fueron los responsables internacionales. Agrega, además, que el informe “avanza con elementos muy sólidos respecto de la conexión local” (sic). En un contexto que analiza como de riesgo de reiteración de acciones terroristas, también para nuestro pais, Miguel Angel Toma le insinúa al presidente considerar ese Informe, desclasificarlo (quitarle el status de “secreto” y darlo a conocer públicamente), y reconsiderar las pistas allí expuestas a fin de terminar con la impunidad, que a la larga, es un caldo de cultivo para que se reiteren los atentados, como ya sucedió.
Conclusiones
La destitución del juez Galeano, justa o injusta según las opiniones divergentes, no tiene por qué ser sinónimo de barrer todo lo actuado por él y su juzgado. Es probable que haya intereses creados, tendientes a enterrar toda la investigación, y “empezar de cero”. Esta opción realmente liquidaría para siempre cualquier posibilidad de averiguar nada, como viene sucediendo desde que se determinó que la justicia debía mirar para otro lado en vez de mirar para el lado del complejo montaje del atentado a la AMIA con todos los que, de una u otra forma, participaron en la oprobiosa masacre.
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