A fines de junio pasado los integrantes del Tribunal de Ética de la Comunidad Judía presentaron su renuncia. De acuerdo a la nota presentada, las motivaciones que los llevaron a tomar esa determinación se fundamentan, según su opinión, en algunos hechos significativos, como por ejemplo que sólo algunos de los casos que resolvieron tenían relevancia ética comunitaria, que esos fallos no tuvieron ni la difusión ni la repercusión debida y que el efecto de los mismos no crearon "pautas de conductas y orientación" en la comunidad. Además, consideran que luego de cuatro años deben posibilitar a quienes los designaron la renovación de su integración.
Cuando el escrito presentado por los miembros del Tribunal de Ética se conoció en los ámbitos de poder comunitario, más de uno se sorprendió. Algunos por el tenor de los motivos aducidos y otros, me imagino, porque ya se habían olvidado que existía.
La constitución de este Tribunal fue decidida en un momento muy especial de la comunidad, cuando la liquidación de los bancos Patricios y Mayo creo una situación económica inesperada para una importante cantidad de instituciones, producto de la confianza depositada en el licenciado Sergio Szpolski y el doctor Rubén Beraja, gerente general del Banco Patricios el primero y presidente del Banco Mayo el segundo. Además de activos dirigentes comunitarios hasta el momento de la liquidación de las entidades financieras, Szpolski era tesorero de la AMIA y líder de las instituciones religiosas conservadoras, mientras que Beraja era el presidente de la DAIA e indiscutido referente de los sefaradim.
El primer problema que tuvo el Tribunal es que pese a la amplia difusión de su constitución ciertos sectores comunitarios no lo aceptaron. Aunque la AMIA sí lo hizo, mediante decisión de la Asamblea de Representantes de Socios, resultó operativo a quienes ocuparon la conducción de la Kehilá durante la presidencia del doctor Hugo Ostrower, pues al juzgar éticamente a quienes tuvieron la responsabilidad de dirigirla en el período anterior -Oscar Hasman, David Filc y Sergio Szpolski- les dieron el sustento necesario para marcar que ellos actuaban de manera diferente.
El resto de los casos en los que le tocó intervenir al Tribunal fueron menos conocidos, excepto el del funcionario del área de sepelios de AMIA que la defraudó apropiándose de dineros comunitarios y el de un dirigente que aceptó una designación por parte de un organismo de control estatal. Por lo tanto, estos hechos no tuvieron una amplia difusión en los medios de prensa comunitarios.
Asimismo, el Tribunal de Ética nació sin la existencia de un código que estableciera taxativamente qué es ético y qué antiético en el acontecer comunitario y, por lo tanto, algunas de las cuestiones en las que debió actuar penetraban en zonas grises. Por ejemplo, nadie ha de juzgar ético que una persona se apropie de fondos comunitarios, pero que ocurre en el caso de que haya tendido una quiebra comercial o emitido de cheques sin fondos en su actividad privada.
Si se quisiera hilar más fino habría que preguntarse si se puede considerar ético que un dirigente acepte donaciones para su institución de una persona que es un estafador, o paga a sus empleados sueldos míseros o tiene personal en negro.
Nada de esto fue previsto por quienes lo establecieron, los presidentes de los factores ideológicos sionistas actuantes en la vida política de la comunidad, como tampoco el mecanismo de elección de sus miembros y la duración en sus cargos. Otros inconvenientes que lo afectaron al Tribunal fue que no se le otorgó un presupuesto para su funcionamiento y haber sido visualizado como un organismo más de los que dependen de la Kehilá. Esto queda demostrado con el hecho de que muchos de los casos que les fueron planteados se referían a cuestiones pecuniarias que los renunciantes consideran podrían haber sido substanciados por un Tribunal Arbitral como el que existía anteriormente.
Es por todo esto que en su momento me mostré escéptico sobre esta creación, en especial respecto a su futuro.
Hoy pareciera que su renuncia volvió a movilizar a aquéllos que consideran conveniente su existencia, a la vez que la DAIA también se muestra interesada en el tema.
El principal inconveniente que percibo en la actualidad es que en los ámbitos dirigenciales no existe unidad de criterio sobre este punto.
De acuerdo a lo que pude averiguar, los presidentes de los factores ideológicos sionistas sólo se han puesto de acuerdo en nombrar una comisión para que estudie el tema, mientras que algunos de los integrantes de la conducción de la DAIA consideran que se debe aceptar su renuncia y crear un nuevo organismo de este tipo.
Por otra parte, es lícito preguntarse, en especial teniendo en cuenta las sanciones diferenciadas que aplicó la AMIA a Oscar Hansman, David Filc y Sergio Szpolski, cuál es el sentido de tener un Tribunal de Ética si quienes tienen que implementar sus fallos lo hacen con una lógica distinta.
Creo que quienes integran el Tribunal de Ética renunciante cumplieron con su misión de acuerdo a su real saber y entender, pero, a su vez parece que la propia dinámica comunitaria, más que los intereses personales de muchos de sus dirigentes, provocaron esta inusitada situación: que se creara el Tribunal y que luego de cuatro años sus integrantes evaluaran que deben renunciar.
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