Un artículo publicado hace un tiempo en el periódico estadounidense Los Angeles Times, refleja el temor de expertos en terrorismo sobre la posibilidad de que el movimiento libanés Hizballah esté utilizando a Venezuela como una base para operaciones para el futuro lanzamiento de ataques.
Casi con similares argumentos a quienes hemos precedido a LAT en tal denuncia, los periodistas Chris Kraul y Sebastian Rotella, basados en comentarios de un experto en terrorismo de un gobierno occidental, afirman que el Hizballah puede estar tomando ventaja de los lazos de Venezuela con Irán -al que califican como un “patrocinador de toda la vida" de la organización libanesa, para “mover «gente y cosas» dentro de las Américas”.
Posteriormente, se afirma que “l EE.UU., Israel y otros gobiernos están preocupados de que Venezuela esté emergiendo como una base para grupos militantes antiestadounidenses y servicios de espionaje, incluyendo al Hizballah y sus aliados iraníes”.
De hecho, la alianza estratégica entre Venezuela e Irán incluye numerosos acuerdos comerciales, entre ellos una fábrica de tractores, que le han permitido a este último país contar con “zonas liberadas" al sur de Caracas para desarrollar actividades , que sólo son conocidas al más alto nivel del gobierno de Hugo Chávez. Esto le fue confirmado a este columnista en público y ante testigos por el político venezolano Alejandro Peña Esclusa, presidente de Asociación Civil Fuerza Solidaria, quien dio una conferencia en Buenos Aires en 2005 en la sede del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas .
Las “relaciones especiales” entre Venezuela e Irán han agregado un elemento más al ya conflictivo cuadro regional, habida cuenta que a esa suerte de alianza estratégica se ha sumado nada menos que un país vecino a la Argentina, como es el caso de Bolivia.
El grado de vulnerabilidad de nuestro país aumentaría aún más, si se agregara en un futuro un proceso de convergencia e intersección de agendas entre el extremismo etnonacionalista boliviano y el islamista chiíta iraní, junto a sus aliados del Hizballah, quienes podrían contar con una nueva base de operaciones cercana a la frontera de Bolivia con la Argentina. Ello, sin perjuicio de acuerdos entre sus servicios de inteligencia, que en el caso de Irán e incluyendo a los Pasdaran (Guardia Revolucionaria Iraní), están al servicio del terrorismo internacional, desde la misma fundación del Estado islamista por parte del ayatolá Ruhollah Jomeini.
La relación entre actores como Irán y Venezuela es sin duda sinérgica y sus consecuencias en Iberoamérica a mediano plazo podrían ser devastadoras, a menos que se desarrollara una acción disuasiva concertada de los demás países de la región, para limitar el efecto de vínculos que deberían considerarse un peligro para la seguridad y la estabilidad del conjunto.
Resulta muy improbable que algunos gobiernos sudamericanos muestren al menos alguna disposición para disuadir a Venezuela sobre la necesidad de restringir los riesgos existentes de expansión del peligro islamista chiíta en la región. Una de las causas sería el grado de desconocimiento generalizado sobre la naturaleza y el peligro que subyace en el extremismo religioso por parte de la mayoría de la dirigencia política de la región.
Durante los pocos meses que este analista ha dejado de abordar la conexión Irán-Venezuela, incluyendo el factor Hizballah, la alianza estratégica que tanto preocupa a otros expertos en este momento ha crecido en magnitud y peligrosidad, potenciados por la suerte de “puente aéreo” existente entre Caracas y Teherán, vía Damasco, que como suele ser de uso y costumbre, permite el embarque y desembarque de viajeros sin control de documentación alguna.
Los Angeles Times afirma entre otras advertencias que funcionarios antiterroristas occidentales temen que elementos de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Iraní y del Hizballah estarían supuestamente montando una fuerza especial para intentar el secuestro de hombres de negocios judíos en América Latina y llevarlos luego al Líbano. Esto concuerda además con el alerta dado a sus ciudadanos por el gobierno de Israel, sobre planes del Hizballah tendientes a secuestrar israelíes alrededor del mundo, en venganza por el asesinato de su comandante militar Imad Moughniyeh, que tuvo lugar en febrero del pasado año.
Mas allá de la importante denuncia de LAT, cabe agregar la noticia de la gran cantidad de explosivos secuestrados el pasado año en San Luis -nada menos que "3.230 panes de gelamón y 250 kilos de amonio", según el subcomisario Marcelo Bermúdez, a cargo de la Policía Federal de dicha provincia argentina, con los que podría volarse nada menos que un área de 50.000 metros cuadrados. El mismo oficial manifestó que los explosivos eran de Fabricaciones Militares y que en la cadena ilegal de venta investigada estaría involucrado un comprador inscripto en el Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Defensa Nacional . Tal vez los detenidos formen parte en principio de una organización dedicada a la venta ilegal de explosivos y fertilizantes a minas de la provincia. Nadie sin embargo podría garantizar que parte de ellos no hubiera terminado en manos de terroristas, como ocurrió en Buenos Aires en 1992 y 1994 y más posteriormente en los ataques en Madrid del 11 de marzo de 2004.
El hallazgo de la Policía Federal confirma que la red de venta clandestina de explosivos sigue en pie, pese a las numerosas notas publicadas por La Nación por el periodista Jorge Urien Berri, a partir del robo de explosivos en Fanazul. Es otro argumento más para demostrar que en los casos de los ataques contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA no era necesario traer los explosivos del exterior, ya que pueden conseguirse en la Argentina, “a la vuelta de la esquina”.
Sinceramente y habida cuenta de los últimos sucesos que han tenido como causa a la narcocriminalidad, sumados al alto grado de inseguridad vigente y al precedente de los dos ataques lanzados por el terrorismo con alcance global patrocinado y/o integrado por el mismo gobierno de Irán, queda en manos de nosotros los comunicadores, elevar el grado de conciencia situacional de la ciudadanía argentina, para que esta comience a exigir al Gobierno Nacional y a la dirigencia política toda, que formulen en conjunto las necesarias políticas de Estado en materia de defensa y seguridad que las circunstancias requieren.
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