A 25 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, la sociedad no logra deleitarse de vivir bajo la forma de gobierno más virtuosa de todas.
Después de los 2.817 días que duró el proceso de reorganización nacional, en los que el 24 de marzo de 1976 un grupo de civiles y militares liderado por el general Jorge Rafael Videla usurpó el poder cometiendo todo tipo de delitos previstos e imprevistos por los más elementales códigos de las sociedades humanas, la libertad de expresión no es suficiente. El miedo, tanto hace tres décadas como hoy, sigue siendo usado como arma de control y gestión social.
Aunque las Madres de Plaza de Mayo intentaron advertir la campaña psicológica a través del terrorismo de Estado, el golpe dejó un quiebre en la historia: miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la absurda primera derrota del ejercito argentino en la guerra de Malvinas (frente a las mayores fuerzas navales del planeta) que dejó sin vida a casi 650 soldados inexpertos y en desventaja y generó el suicidio de 300 ex combatientes.
Si bien en la actualidad no existen condiciones estructurales u objetivas para que se vuelvan a transgredir todos los derechos humanos, civiles, culturales y sociales, en plena dictadura el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz transformó radicalmente la distribución del ingreso perjudicando al sector agrario, a la industria, al poder adquisitivo de los asalariados y quintuplicando la deuda externa. En el presente sigue rigiendo el modelo neoliberal originado entonces. En estos 32 años no sólo se agrandó la desigualdad económica, se desactivó el mercado interno, empobreció el sistema de educación y salud pública, sino que en la década de los ´90 se privatizó el país entero.
El autoritarismo de estos últimos 25 años de democracia es una controversia latente, está impregnado en el poder, en la gobernabilidad, y los gobiernos desarrollan proyectos que nada tienen que ver con las demandas sociales.
El primer gobierno democrático presidido por Raúl Alfonsín en su intento por crear conciencia y respeto hacia la Constitución, fracasó cuando en el juicio oral y público a los responsables de la dictadura el Parlamento votó la ley de Punto Final. Años más tarde Carlos Saúl Menem indultó de todo crimen cometido a los mismos militares que lo persiguieron y encarcelaron durante la dictadura, con la aprobación de la ley de Obediencia Debida, que dejó irresueltos 430 procesos. Desde el primer motín militar concentrado en la Plaza de Mayo, que lo obligaría a abandonar antes su mandato, Alfonsín recibió el apoyo del entonces gobernador de La Rioja. Reencontrándose en 1994 los ex presidentes firmaron el Pacto de Olivos, violando una de las particularidades de la Constitución: la imposibilidad de reformarla.
Carlos Saúl Menem, en las elecciones presidenciales de 1989, estaba identificado con el partido peronista, sin embargo llevó a cabo un modelo ultraliberal, reflejado en el desarrollo de políticas económicas llevadas a cabo exitosamente por el ministro de economía Domingo Cavallo, a través del plan de convertibilidad. En sus dos mandatos, ya que la mayoría del pueblo confió en la estabilidad y en las falsas promesas de esclarecer judicialmente los crímenes y estafas irresueltos hasta ese momento. Pero sin satisfacer a los ciudadanos, estos prolongaron la gestión por una década infame. Menem tuvo escasos controles y contrapesos en una democracia limitada de baja intensidad. Encubriendo el autoritarismo ejercido no sólo dejó al país sin patrimonio vaciando el Estado y malvendiendo todo, sino que asentó la desafección política.
Después del escandaloso paso por el poder de la Alianza, partido integrado por el radicalismo y el frepaso, presidido por el desorientado Fernando De la Rúa que era abandonado por su vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez como una denuncia a la omisión del poder presidencial para frenar la corrupción. Si bien es real que terminaron con la fiesta menemista y las políticas fueron menos liberales también es verdad que acabaron con todo tipo de credibilidad iniciando una crisis de gobernabilidad que cada vez se absorbe con mayor fuerza la sociedad.
En el intento de evitar una guerra civil, los inmemoriales 20 y 21 de diciembre, no sólo por la manifestación protagonizada por ruidos de cacerolas que denotaban a un país entero pidiendo “que se vayan todos” sino por el saldo de 30 muertes producto de la tensión y exceso de poder. La ausencia de poder llevó al crecimiento de una fuerza ya existente pero no independiente del Estado como los medios de comunicación. Sin atender a ningún tipo de demandas sociales, los gobiernos transcurridos durante estos 25 años de democracia se manifiestan en múltiples aspectos de la vida cotidiana que hoy en día están expandidas e impregnadas en nuestra cultura como país: el gatillo fácil, la corrupción policial y su implicancia en el delito, los casos terroristas no resueltos de la embajada de Israel y la AMIA, la misericordia a quienes hicieron desaparecer 30.000 personas, el encubrimiento del estallido de Río Tercero por la codicia del tráfico de armas y el apoyo encubierto de las instituciones judiciales, entre otros.
No se pueden combatir los efectos sin ocuparnos de las causas. A 25 años del triunfo de una lucha que tiene 30.000 razones para valorizarlas, lucharon por conseguirla y hoy la tenemos.
Se debería dejar de hacer memoria como nostalgia y empezar a hacer memoria como conflicto presente.
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