La Junta Militar, que encabeza el mariscal Hussein Tantawi (ex ministro de Defensa del ex dictador Hosni Mubarak) junto con otros 20 miembros del antiguo régimen, ha dirigido el país desde febrero con puño de hierro, lo que le ha valido un descrédito general. El jefe del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas prometió irse a los seis meses, pero está por cumplir el año, y el modo que ha tenido de contener las protestas ha sido respondido con más represión.
Las elecciones presidenciales se han pospuesto para junio pese al reclamo constante de la población que exigía el traspaso de poder de la Junta a una autoridad civil. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se ha visto obligado a realizar ciertas concesiones: celebró elecciones parlamentarias, en las que ganaron los Hermanos Musulmanes (casi el 40% de los votos), seguida por los salafistas Al Nur (25%) y partir de esta jornada se suspende la ley de emergencia, en vigor desde 1981.
También se han liberado cerca de 2.000 presos, que fueron arrestados después de la caída de Hosni Mubarak el 11 de febrero, y que fueron juzgados en tribunales militares. Pero para no volver en su propia contra el primer aniversario de la revolución, la Junta ha declarado el día "fiesta nacional" y se prevén actos conmemorativos que no cuestionen su legitimidad, pero se ha cuidado en esta ocasión, y ha decidido no llevar fuerzas policiales al interior de la plaza.
Pero el camino hasta aquí no ha sido fácil. Al menos un millar de personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad desde que estallaran las revueltas el 25 de enero de 2011, y 12.000 personas, entre ellas, menores de edad, fueron sometidas a juicios militares. Amnistía Internacional ha denunciado que no se ha dado "ninguna mejora en la protección de los derechos humanos en Egipto", mientras que Human Rights Watch (HRW) no ha dejado de advertir que la Junta utilizaba "una fuerza excesiva para disolver manifestaciones y torturar a detenidos sin que haya existido ninguna investigación exhaustiva sobre los malos tratos practicados por parte de la policía egipcia".
Amnistía Internacional ha ido más allá y en diciembre divulgó un estudio en el que acusaba a Estados Unidos de enviar armas a Egipto "a pesar de la violenta campaña de represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes". Washington sigue enviando al país árabe unos 1.300 millones de dólares anuales.
Sería injusto presuponer que la primavera árabe en Egipto nació de golpe en 2011. El movimiento obrero, que tiene bastante peso en el país, ha llevado a cabo numerosas huelgas desde 2004 para exigir mejoras laborales en una nación donde el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.
Se calcula que desde aquel año y, hasta 2010, se celebraron unas 3000 protestas. Un número nada despreciable en un país al que mira todo el Magreb y Medio Oriente. Después vinieron los 18 días de movilizaciones que terminaron por derrocar a Hosni Mubarak, de 83 años, que hoy asiste, tumbado en una camilla, al juicio que lo puede responsabilizar de los 1.016 muertos (846 manifestantes, 26 policías y 189 reclusos), según la Fiscalía General de Egipto, que murieron durante los días de la revolución, desde el 25 de enero al 16 de febrero, cuando todavía él era el máximo líder del país y trató de reprimir las revueltas. Él se ha convertido en el primer dictador árabe juzgado, y si bien todavía no hay una sentencia condenatoria, es un primer paso de que las Justicia, poco a poco, puede prevalecer si hay persistencia en la lucha. Y de eso, los egipcios saben mucho.
Revolución latente
