La cercanía del aniversario del atentado a la AMIA, al igual que años anteriores, es un período rico en novedades. En esta oportunidad además del hecho de que los familiares de las víctimas fatales fueron por primera vez recibidos por el Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante los decretos 291 y 292 autorizo a que los funcionarios de la Secretaría de Informaciones del Estado presten declaración en el juicio oral y brinde información requerida por el juez federal que investiga el pago de cuatrocientos mil dólares a Telledin, a fin de determinar si el dinero provino de los fondos reservados que maneja esa dependencia gubernamental.
Si bien la actitud del doctor Néstor Kirchner es encomiable, la misma tiene sus bemoles, los que, por un lado, pueden ser muy difíciles de digerir por algunos sectores de la comunidad y por otro pareciera que para darlos a conocer se hubiera convocado al despacho presidencial a las máximas autoridades de la AMIA, la DAIA y representantes de Familiares y Amigos de las Víctimas no ha sido del agrado de uno de los periodistas que permanentemente mantuvo una postura crítica sobre la marcha de la investigación. Decimos esto porque en su comentario sobre el tenor de los decretos no mencionó esta reunión
En primer lugar la decisión de autorizar la declaración de los funcionarios de la SIDE tiene limitaciones referidas tanto a que no deben hacerlo en nada que pueda comprometer la seguridad de sus miembros y a otras investigaciones que hayan efectuado como también a un aspecto formal: que las audiencias en las que compadezcan estén presentes la menor de personas posibles y cerradas al periodismo.
Esto último, implica si lo acepta el TOF Nº 3, que el tenor de sus dichos será conocido solo por trascendidos y la utilización que hagan de los mismos la Fiscalía, los abogados defensores y querellantes al efectuar sus alegatos.
Consultados algunos dirigentes comunitarios que conocen el desarrollo de la investigación desde sus inicios, los mismos comentaron of de record que no creían que los dichos de estos integrantes de la SIDE permitieran aclarar los puntos obscuros de la causa. Cómo no queremos ser fatalistas esperamos que esas declaraciones sirvan para esclarecer lo que ocurrió.
De ocurrir la primera de estas posibilidades, además de sufrir una nueva frustración comenzarán a rodar infinidad de elucubraciones, las que nos imaginamos serán improductivas para saber que fue lo que realmente ocurrió.
Si nuestro deseo se cumple, puede verificarse la existencia de graves deficiencias en la investigación, lo que acentuará las críticas hacía la dirigencia comunitaria que apoyo lo realizado por el juez Galeano.
Además se debería aclarar si la SIDE estaba tras la actividad de alguna cédula terrorista con anterioridad al 18 de julio de 1994 y que ocurrió con esa investigación. No dudamos que si la respuesta es positiva y la justificación de no haber podido evitar el atentado es que fueron despistados, serán muchos los que no creerán esta explicación.
Si se comprobara, en la investigación que lleva a cabo el juez federal Bonadio, que de las arcas de la SIDE salió el dinero pagado a Telledin, surgirán por un lado más dudas sobre el papel que le cupo a este organismo gubernamental en la elaboración de las pruebas que acusan a los ex policías bonaerences y por otro, el interrogante sobre quien fue el responsable político de tomar esa determinación y si algún estamento de la comunidad prestó su conformidad.
Por último nos preguntamos, al igual que muchos otros integrantes de la comunidad, como juzgará el Tribunal Oral Federal Nº 3 que Telledin haya recibido dinero para declarar lo que declaró, pues por más que diga que le pagaron que diga la verdad, por qué se le debe creer a alguien que mintió tantas veces.
Cómo seguramente ninguna de las respuestas que tengan estas preguntas ha de conformar a todos los interesados en que se sepa a ciencia cierta quienes formaron parte de la "conexión local" cada sector elaborara su propia interpretación de los hechos, lo que indudablemente repercutirá negativamente en la imagen que los miembros de la "calle judía" tienen de sus dirigentes, en especial aquellos que a lo largo de estos nueve años evaluaron que era preferible una investigación judicial con falencias a que la misma no se llevara a cabo.
Debemos reconocer que ante los trascendidos del contenido del informe elaborado por la SIDE hace algunos meses, el que aparentemente pone en duda el explosivo utilizado en el atentado e de acuerdo a lo expresado por el juez federal Galeano implica a funcionarios del gobierno iraní e identifica al conductor suicida, entre otras cosas, los "Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA" primero y la propia Kehila después asumieron una postura mucho más crítica a la investigación y quien la dirigió mientras que la DAIA no lo ha hecho, por lo menos hasta el momento.
El Presidente de la Nación ha informado que concurrirá el próximo 18 de julio al acto que organiza la comunidad para rendir homenaje a las víctimas del atentado y reclamar justicia. Esperamos que su presencia no afecte el contenido de los discursos que los máximos referentes institucionales de la comunidad deben brindar a toda la sociedad argentina, pues si así ocurriera avalarían los cuestionamientos que reciben.
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