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AMIA, Historia encubierta en Argentina.
Por Alejandro Pairone
Buenos Aires, Argentina
Publicado en el diario La Reforma de México el 23 Febrero 2003.
 
Los servicios de inteligencia de la Argentina sabían con mucha anticipación que el 18 de julio de 1994 una célula terrorista iba a producir un atentado, en el centro de Buenos Aires, contra la Sede de la Asocia-ción Mutual Israelita Ar-gentina (AMIA), donde 85 personas murieron y otras 300 resultaron gravemente heridas.
Lo sabían porque no sólo habían infiltrado al grupo agresor, sino que, como todo indica, le proveyeron logística y protección con el fin de desbaratar el ataque apenas antes de que ocurriese. Pero, a último momento, cometieron un error y los resultados son los conocidos.
Pero esto no es todo. Tras el atentado, y con la intención de ocultar semejante bochorno y el escándalo internacional, sectores del Poder Judicial, de inteligencia y de sucesivos Gobier-nos argentinos montaron una maquinaria de encubrimiento tan poderosa y eficaz que hoy, ocho años y seis meses después, se sabe lo mismo que se sabía el 25 de julio de 1994, apenas siete días después de la masacre en la entidad judía.
El encubrimiento se montó para entorpecer la investigación, sembrado de pistas falsas, testigos inventados, desaparición y destrucción de pruebas, expedientes secretos, causas ju-diciales paralelas, intervenciones telefónicas clandestinas, pago de sobornos para comprar declaraciones y extorsión a testigos, por citar algunas.
Así lo denunciaron a REFORMA, entre otros, ex altos funcionarios del Go-bierno argentino, agentes de inteligencia, fiscales, abogados de las víctimas, patrocinantes de algunos de los acusados y hasta un ex importante funcionario del juzgado que investiga el atentado, quien renunció a su cargo al tomar conocimiento de las maniobras de protección y encubrimiento.
Sus testimonios se sostienen por su prestigio público, pero también con expedientes judiciales, de-nuncias públicas, fotografías, escuchas telefónicas le-gales e ilegales y videos clandestinos, a muchos de los cuales tuvo acceso REFORMA.
 
Error de inteligencia
A las 9:53 del lunes 18 de julio de 1994, un coche-bomba cargado con 300 kilos de amonal estalló frente al edificio de seis pisos que albergaba a la AMIA. En un radio de 50 metros la devastación fue total. Al menos 85 personas murieron (no existe precisión) y otras 300 fueron heridas; muchas de ellas jamás podrán reponerse de las mutilaciones sufridas.
Junto con el de la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992 (30 muertos, 80 heridos), fue el mayor atentado terrorista sufrido por la sociedad argentina en tiempos democráticos.
Todas las fuentes consultadas por REFORMA aseguran que existen elementos más que suficientes para aseverar y denunciar que la Secretaría de Inteli-gencia del Estado (SIDE) tenía, al menos desde abril, conocimiento pleno de que en julio habría de producirse el ataque. La responsabilidad sobre la "etapa preatentado" se adjudica al área de Contrainteligencia, conocida como "Grupo 85".
Donde se reflejan algunos matices entre las fuentes es en torno del grado de participación que los espías locales tuvieron en la masacre. Para algunos, los agentes del Grupo 85 descubrieron la existencia de una supuesta "célula terrorista" por su propio trabajo, los siguieron, luego lograron infiltrarlos y así conocieron cada uno de sus movimientos. Pero a último momento les perdieron el rastro.
Para otros, se trató directamente de una virtual participación en el atentado. Según éstos, los espías descubrieron la célula, la infiltraron y participaron de las acciones previas facilitando vehículos, protección, financiamiento, documentos y hasta el coche-bomba (una camioneta Renault Traffic), de manera de tener el control indirecto del proceso previo y abortarlo en el momento justo.
Cualquiera que haya sido, los 85 muertos de la AMIA son la mayor demostración del fracaso.
"La participación de organismos de seguridad en delitos de gran magnitud, por medio de agentes infiltrados, es muy común en todo el mundo. Hay hechos tan complejos que sólo pueden abortarse si se conocen desde dentro", reveló a REFORMA un agente de inteligencia que dice estar retirado.
"¿Qué es si no un agente encubierto? ¿Qué era el famoso Sérpico? ¿Qué hace la DEA todo el tiempo?, se preguntó la fuente, y aclaró que, para que ello funcione, ¿se requiere habilidad y experiencia para no perder el control de la situación e intervenir en el momento justo. Y eso no fue lo que ocurrió acá?.
Según reveló a REFORMA Claudio Lifschitz, un ex agente de inteligencia de la Policía Federal que entre 1995 y 1997 ocupó el tercer cargo de importancia en el juzgado que investiga la causa AMIA, el agente encubierto (si era sólo uno) tenía nombre y apellido: Nasser Rashmani.
Ciudadano iraní llegado a Argentina en la infancia con su familia, Rashmani es, según Lifschitz, lo que se llama un "agente inorgánico", un informante entrenado que cobra salario de la SIDE, pero no figura en sus planillas.
Cuenta Lifschitz que a pocos días del atentado, Rashmani y un hermano fueron a parar a una Comisaría de Buenos Aires por un incidente callejero. Por la noche, se presentó un agente de la SIDE y exigió la entrega de los detenidos. El oficial de guardia consultó a sus jefes, que le ordenaron obedecer. Lo hizo, pero para cubrirse dejó asentada la situación en el Libro de Actas con nombre, apellido del agente de la Presidencia de la Nación.
Rashmani integraba un lote de sirios, iraníes y argentinos monitoreados por la SIDE desde el 4 de abril de 1994, 104 días antes del atentado. Eran seguidos y tenían sus teléfonos intervenidos, según consta en un expediente secreto que se mantenía oculto en un juzgado federal de la localidad de Lomas de Zamora, 30 kilómetros al sudoeste de la capital federal.
Ese expediente secreto fue, según coinciden las fuentes, la "cobertura legal" utilizada por la SIDE para seguir, infiltrar, proteger y mantener un control remoto sobre las acciones de la célula terrorista.
Cuando estalló la AMIA, el expediente se convirtió en una prueba explosiva: era la constancia de la intervención. Enton-ces, se abrió uno nuevo y todas las actuaciones fueron replicadas, como si recién ocurriesen. El viejo fue ocultado y el nuevo. ¿Le sirvió a la SIDE para hacer una causa paralela, pero siempre un paso delante de la de la AMIA?, explicó Lifschitz, quien divulgó los 2 expedientes.
El expediente secreto original se había iniciado cuando un ciudadano iraní, Khalil Ghatea, fue detenido en el Aeropuerto Interna-cional de Ezeiza (el más importante de Argentina) mientras intentaba abandonar el país, con destino a Canadá, portando un pasaporte robado a un estadounidense, Scott Gregory Hall. Dos informes oficiales de inteligencia a los que RE-FORMA tuvo acceso, uno de la SIDE y otro de los servicios canadienses, aseguran que Ghatea es miembro del grupo fundamentalista Hezbolá.
Las fuentes de inteligencia consultadas coinciden en que ese es el momento en que los espías locales toman conocimiento de la existencia de una ¿Célula terrorista?, que logran seguir, infiltrar y proteger con la intención de detener a último momento. Pero se les escaparon dos días antes del atentado, el sábado 16 de julio de 1994. Está completamente acreditado en la Causa AMIA que la camioneta usada como coche-bomba fue dejada el 15 de julio en un estacionamiento a 300 metros de la AMIA, donde su chofer fue filmado por cámaras de seguridad. El video lo tuvo la SIDE y jamás apareció. El 16, el vehículo ya no estaba y nadie sabía dónde se encontraba.
Existen más de 40 testimonios de vecinos inmediatos de la AMIA que aseguran que entre la noche del domingo 17 de julio y la madrugada del lunes 18, al menos dos helicópteros provistos de potentes reflectores sobrevolaron durante varias horas las calles del barrio, a una altura muy baja, casi rozando los edificios. Buscaban el coche-bomba que se les había escapado el sábado.
 
Testigos incómodos
Aún suponiendo que todos estos hechos, expedientes y testimonios fueran falsos de falsedad absoluta, existen dos elementos in-cuestionables para ratificar que el Estado argentino sabía que iba a ocurrir el atentado.
El 18 de mayo de 1994, producto de una estafa, Mario Aguilar estaba preso en una cárcel de Buenos Aires. No obstante, ese día envió dos cartas certificadas por las autoridades del penal: a un juez federal y al ex Ministro del Interior, Carlos Corach. Denuncia-ba tener conocimiento de que en las próximas semanas iba a producirse un atentado ¿de gran magnitud? contra una institución judía, y daba los nombres de algunos de los posibles terroristas. Anticipaba que el blanco más probable era la AMIA.
El 4 de julio de 1994, el brasileño Wilson Dos San-tos estaba en Milán. Fue personalmente a los consulados de Argentina, Brasil e Israel para denunciar que "en los próximos días" iba a ocurrir un atentado contra una entidad judía de Buenos Aires. En la legación argentina fue atendido por la Cónsul Susana Fasano, quien informó al funcionario de inteligencia de la Embajada en Roma.
El 18 de julio, día del atentado, Dos Santos llamó desde Milán a la Policía Federal Argentina para dar los nombres de los supuestos terroristas. Pocos meses después fue llevado a Buenos Aires y el juez que investiga el atentado, Juan José Galeano, lo procesó por falso testimonio. Dos Santos logró huir a Suiza desde donde fue extraditado. Lleva dos años preso y su estado de salud se encuentra gravemente deteriorado por lo que, denuncia, fueron sesiones de tortura que nadie investigó.
Que se sepa, Aguilar y Dos Santos no son adivinos. Oficialmente, las pistas denunciadas por ellos no fueron investigadas. De ha-berse hecho, más temprano que tarde, habría salido a la luz el grado de compromiso que la Secretaría de Inteli-gencia del Estado tuvo en el atentado. Para evitarlo, se puso en marcha una política de encubrimientos que, de a poco, comienza a desmoronarse porque la impunidad nunca puede ser eterna.
"Justicia, Justicia, Justi-cia perseguirás", rezan frente al Palacio de los Tri-bunales, cada lunes desde el 18 de julio de 1994, las decenas de familiares y amigos de los 85 muertos y 300 heridos en la AMIA. Si algo saben, es que para conocer a los autores primero deben saber quiénes encubrieron, y por qué.

Marzo de 2003
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