"Israel ha sido demasiado tolerante con los grupos religiosos que buscan infringir los derechos de la mujer", expresó Frances Raday, un profesor de leyes israelí que se especializa en los derechos humanos.
En uno de los últimos ejemplos de actitudes ultra ortodoxas hacia las mujeres y la ley, un grupo extremista haredi en Beit Shemsh tiró piedras e insultó a policías ayer, mientras llevaban carteles que ordenaban que hombres y mujeres caminen por calles separadas en la calle.
"Hay una abundancia de herramientas en la jurisprudencia para oponerse a la discriminación contra las mujeres; el problema es que la gente está lidiando con síntomas, no enfermedades", dijo Raday, quien enseña en la Universidad de Administración del colegio de leyes y es miembro de una fuerza de trabajo del consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas que se ocupa de la discriminación contra las mujeres.
"Desde su establecimiento, el Estado de Israel ha mostrado un grado exagerado de tolerancia hacia el fenómeno de valores religiosos que superan los valores de los derechos humanos, y esto incluye traspasar los derechos de las mujeres", dijo Raday ayer.
"Cada intento de pasar la ley de derechos humanos ha fallado debido a la cláusula de ‘derecho a la igualdad’, básicamente su significado es el derecho de las mujeres a la igualdad, y su falla siempre ha sido causada por el lobby religioso judío. No es sorprendente ver que nada ha parado que crean que son más poderosos que el valor de la igualdad, y que pueden aplicar interpretaciones patriarcales de las fuentes judías manteniendo que sus visiones toman precedencia relativa al valor de la igualdad", dijo.
Según el abogado Riki Shapira-Rozenberg, consejero legal de la organización de mujeres Kolech y parte del equipo que elevó una queja en el 2007 del movimiento reformista sobre la segregación de mujeres en los micros, hay una ley que puede ser usada como un contrapeso parcial a la exclusión de las mujeres.
Está prohíbe productos, servicios y entradas a lugares de entretenimiento y públicos discriminatorios, y permite que se hagan reclamos civiles contra hoteles, restaurantes, instalaciones deportivas y servicios de transporte público que discriminen sobre una base racial, religiosa, sexual o de nacionalidad.
JC
